Economía Social Solidaria: La incomprensible rareza de trabajar por el bienestar colectivo

A primera vista, San Ignacio de Acosta es un pueblo rural como muchos otros en Costa Rica: Una iglesia católica con una pequeña plaza en frente son los elementos que demarcan lo que vecinos y vecinas reconocen como “el centro”. Luego la escuela y las calles estrechas conducen a los caceríos que conforman el distrito central del cantón número 12 de la provincia de San José.

Uno de esos angostos caminos nos lleva a un colorido lugar donde se originan importantes exportaciones de café de alta calidad y novedosos proyectos productivos, pero quizá sea su ubicación de difícil acceso o su inusual modelo de negocios lo que hacen que este lugar sea desconocido, o más bien, invisible para la mayoría de habitantes de este pueblo.

Habría que hacer un esfuerzo con la memoria o una búsqueda de noticias viejas o haberlo vivido en carne propia como muchas y muchos de los habitantes, para recordar que en el año 1998, San Ignacio fue una de las localidades más afectadas por el paso del huracán “Mitch” en Costa Rica. El pueblo quedó del todo incomunicado y los helicópteros que aterrizaban en la plaza eran, no sólo la única forma en que las y los damnificados recibían ayuda, sino un espectáculo imperdible para todos los curiosos que se agrupaban, con el fin de no perder detalles de ningún aterrizaje o despegue.

Pero más allá de esa efímera distracción era inevitable notar que la herida que habían dejado las fuertes lluvias y vientos era grande. El ya de por sí frágil sistema productivo, conformado en su mayoría por familias propietarias de pequeñas parcelas estaba ahora en una situación particularmente crítica.

“Las crisis son oportunidades” dicen los profetas del optimismo y un grupo de 58 productores y productoras de la zona decidieron unirse y hacer de aquella frase mucho más que un cliché. Esos fueron los inicios de lo que hoy es la Asociación de Productores y Productoras de los Cantones de Acosta y Aserrí (ASOPROAA). Así lo recuerda Luis Fernando Cordero, quien en ese entonces era un adolescente que iniciaría realizando labores de limpieza, para convertirse, 17 años después, en el Gerente General de la Asociación.

En la actualidad, ASOPROAA es una experiencia altamente consolidad y boyante de la Economía Social Solidaria en Costa Rica. Funciona como una Asociación, con una junta directiva y cerca de 1200 personas afiliadas, que se dedican a actividades diversas como el cultivo y exportación de café, ganadería, cultivo de frutales y forestales, entre otros.

Las asociaciones de productores son frecuentes en diversas zonas del país. Les distingue un modelo de organización democrático, con alta participación y distribución equitativa de las ganancias. Al igual que las cooperativas, los talleres gremiales y las organizaciones de desarrollo comunal con actividad productiva son formas de organización presentes en Costa Rica desde inicios del siglo XX, pero no es sino hasta entrados los años 2000 que empiezan a ser agrupadas y reconocidas bajo el concepto de Economía Social Solidaria, proveniente de países como Suecia, España y Francia.

Jasy Morales, de la Red Nacional de Economía Social Solidaria las describe como “prácticas que se basan en principios y valores de solidaridad, de democracia, de participación, de reconocimiento en el otro como alguien que puede tener necesidades pero también ofrecer diferentes cosas al resto de la sociedad”. De acuerdo con Morales, una revisión de la historia reciente deja en evidencia el papel que han tenido este tipo de iniciativas en el crecimiento social y económico del país.

Además de quienes organizan sus actividades productivas y de comercio en emprendimientos asociativos con una figura jurídica determinada están quienes ven en el trabajo colectivo una forma de reconocer y valorar los saberes que quedan fuera de la dinámica de consumo de la sociedad actual. Es el caso de ECOARTESS, un colectivo de artesanas y artesanos de San Ramón de Alajuela, cuyo trabajo e investigación pretende demostrar que otras formas de producir y consumir son posibles.

Lo que no se nombra no existe.

Pero si algo más une a este tipo de organizaciones es la histórica invisibilidad que impide hablar a ciencia cierta de quiénes son, qué hacen y cuál es su verdadero aporte al país. Quizá sea más fácil que en Corea del Sur alguien reconozca el logo del café importado de ASOPROAA a que lo reconozca alguien que transite a diario las calles de San Ignacio. Del mismo, el nombre de COOPRONARANJO (Otro exitoso emprendimiento asociativo de cultivo de café, al occidente del Valle Central) es muy poco familiar para naranjeños y naranjeñas.

En setiembre de 2014, datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio hablaban de más de 100 mil empleos generados sólo por el sector cooperativista. No obstante, el ministro de esa cartera, Walter Ramos, reconoció que ésta es sólo una parte de la Economía Social Solidaria. Para solventar este vacío de información, entre otras cosas, a inicios de este año nació la Dirección Nacional de Economía Social Solidaria, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo.

Olga Morera, Directora Ejecutiva de esta entidad reconoce que la escasez de información e investigación es uno de los principales retos, así como la generación de políticas públicas para el fomento de estas iniciativas.

Luis Fernando Cordero, gerente de ASOPROAA admite que con un apoyo estatal limitado y con un desconocimiento general de cómo funcionan las diversas manifestaciones de la Economía Social Solidaria en el país, la sostenibilidad es tarea difícil, tanto que la búsqueda de un crédito bancario les llevó hasta el otro lado del océano Atlántico.

De acuerdo con Yasy Morales, desde la Red Nacional de Economía Social Solidaria también han identificado diversas problemáticas y barreras que enfrentan estas organizaciones, a causa del desconocimiento y la incomprensión de un modelo de negocios que no se basa en la acumulación de las ganancias en pocas manos.

La “peligrosa ocurrencia” de no creer en la acumulación

Pero un país donde el desempleo alcanza al 10% de la Población Económicamente Activa, no puede darse el lujo de desestimular la conformación de emprendimientos cuya filosofía es la de generar bienestar colectivo. Al menos, este fue el mensaje del gobierno al decretar una declaratoria de Interés Nacional a la Economía Social Solidaria y presentar un proyecto de ley, cuyo objetivo es reconocer la existencia de estas iniciativas y fomentar su crecimiento.

Pero quizá sea porque los alcances de estas medidas  parecen perderse entre generalidades, que pasaron desapercibidas para un grupo de temerosos empresarios y diputados y diputadas de las agrupaciones políticas más conservadoras, que ven en la Economía Social Solidaria un concepto adoctrinante con filosofía de izquierda o “chavista”, para más señas.

Esto y una alta cuota de representación de las cámaras empresariales en la junta directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) logró detener los cursos con que el INA buscaba fortalecer las ideas de emprendimientos colectivos de sus estudiantes.

“Nos da miedo, porque cuando se habla de economía social solidaria, uno sabe de muchas experiencias que se dan en países de izquierda”, dijo la diputada socialcristiana Rosibel Ramos al periódico La Nación, en la primera de varias publicaciones del medio sobre este tema.

El alto porcentaje de financiamiento que recibe el INA, proveniente de las cargas sociales de empresas privadas genera en el sector corporativo la expectativa de que el instituto “siga formando técnicos”, según palabras del presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, UCCAEP, Ronald Jiménez a los medios de comunicación. Jiménez afirmó que incorporar este tema en la oferta formativa del INA es “una ocurrencia”.

Tres semanas de cuestionamientos bastaron para que la administración del INA anunciara, el pasado 24 de julio, que el plan de enseñanza que contenía conceptos relacionados con la Economía Social Solidaria quedaba suspendido, mientras era sometido a revisión de la Junta Directiva.

Pero los cuestionamientos del sector empresarial no encuentran eco en quienes dan testimonio de que la organización solidaria de la producción y la prestación de servicios es una opción válida y necesaria para hacer crecer la economía del país. Luis Cordero, recuerda como el INA ha sido vital desde los inicios de ASOPROAA, del mismo modo de las universidades públicas. Estas oportunidades de capacitación son quizá la forma más constante y sostenible en que las iniciativas de Economía Social Solidaria acceden al escaso apoyo estatal.

Para Yasy Morales, es precisamente el INA, con su trabajo en diversas regiones del país, la institución llamada a fortalecer las capacidades de la población en el desarrollo de emprendimientos asociativos, una labor que realiza ya desde hace varios años, aunque no necesariamente bajo el nombre que ahora causa preocupación entre el sector empresarial.

La jerarca de la la Dirección Nacional de Economía Social Solidaria enfatiza en que la Economía Social Solidaria es un modelo empresarial que convive con otras formas de negocios en el país y como tal, debe seguir teniendo acceso a la oferta de formación que ofrece el el INA desde hace ya varios años.

Entre la incomprensión y los temores, la Economía Social Solidaria avanza como una opción de empleo digno y formas de comercio más sustentables, en un país donde las corporaciones y el Estado parecen haberse quedado cortos, para dar respuesta a las más de 200 mil personas desempleadas y urgidas de nuevas oportunidades.