Finca Chánguena: El gobierno está empeñado en ejecutar un desalojo no obligatorio, afirman

Fabiola Pomareda / [email protected]

En los alrededores de lo que se conoce como Finca Chánguena, en Palmar Sur, lo que se escucha es el sonido del machete dándole a la tierra. Las viejas casas de madera están rodeadas de palmeras y matas de plátano. Una mujer empuja una bicicleta y en la manivela va sentado su niño más pequeño. Su otra hija, camina a su lado con el perro amigo, evadiendo los charcos en el camino enlodado.   Esta es gente que en algún momento sobrevivió comiendo iguanas o cangrejos con plátano hervido. Estas son las familias campesinas que viven en Finca Chánguena, un caso de largos años de conflicto agrario tejido por irregularidades.   Luis Chinchilla Montero trabaja su parcela en esta zona. “Son charrales, tacotales y eso abandonado y nosotros muriéndonos de hambre”, recuerda el hombre, que hoy siembra aquí aguacate, zapote, limón, naranjas, pipas, caimito, guavas, nances y, por supuesto, plátano.    “Ahora podemos contribuir con la gente. Ahora coseché sandía y la di barata para los vecinos. Un compañero de ahí tal vez tiene que ir al pueblo a comprar una sandía, donde estaba a 750 [colones] el kilo y yo la estaba dejando a 300. Se beneficia todo el grupo, los compañeros, y me beneficio yo. Eso es muy bonito”, dice Chinchilla, quien tiene tres hijos.    “Tengo plátano. Hay una semilla de plátano que a mí me gusta mucho. Esa semilla la cogí de un lugar. Sembré cinco matitas aquí y quiero ir agrandando eso”, cuenta.

Conflicto agrario desde los 80s

Varias familias campesinas viven y trabajan en estas fincas desde la época de la compañía bananera United Fruit Company. Cuando en 1984 la bananera se fue, algunos pedazos de estas fincas fueron entregados a la Cooperativa Autogestión de Productores de Palma y Cacao de Palmar Sur (COOPALCA).

En 1991, esta cooperativa las arrendó a las empresas Bananera Chánguena y Bananera Térraba, propiedad de Oscar Echeverría Heigold. Estas empresas explotaron las tierras por 10 años, hasta que quebraron.

En el 2001 y después de haber dejado de recibir sus salarios, los trabajadores de Bananera Térraba se fueron a huelga. Después de dos meses de huelga fueron despedidos sin responsabilidad patronal. Fue entonces cuando estos campesinos tomaron posesión de la tierra para cultivarla y compensar la deuda que su patrono no les honró.

Poco después el empresario gestionó un desalojo contra estas personas. Pero pasaron los años y este proceso judicial se mantuvo estancado.

Damaris Chavarría, tiene 10 hijos y narra que vive en Finca Chánguena desde hace más de 20 años.

“Mi esposo trabajó en la bananera, tanto en Térraba como en Chánguena. Oscar Echeverría no le pagó. A ninguno. Cuando nos dejo aquí no nos daba salario. Teníamos que ir hasta a matar iguanas, para comer con banano, con plátano. Si Oscar Echeverría nos quedó debiendo, con esto tenemos que quedarnos. Tenemos que quedarnos con esto y las tierras. Porque, diay, él muy bonito vino, se robó todos los salarios de la gente, las liquidaciones y nos dejó aguantando hambre, en la calle y francamente lo que nosotros peleamos es esto. Nosotros lo que queremos es este cuadrante. El cuadrante y las parcelas”, cuenta Chavarría a Cámara Callejera.

“A la gente le quedó debiendo todo, teniendo que matar iguana y cangrejo para darle de comer a los chiquitos. A mi esposo le quedó debiendo un montón de plata. ¿Que hacíamos nosotros?, mantenernos con pescado, con chimbimbo, con lo que Dios mandara, porque a nadie le pagó. Eso es muy injusto”, dice la mujer.

“Patrono inactivo moroso en cobro judicial”

En el 2011 caducó el contrato de arrendamiento del empresario. Sin embargo, en el 2014 Echeverría Heigold amenazó con demandar al Estado si no ejecutaba el desalojo. El Procurador General reactivó el proceso y firmó un acuerdo conciliatorio con éste individuo.

Pero las y los afectados afirman que el gobierno tiene herramientas para no honrar esta orden judicial. Primero, porque está basada en un contrato de arrendamiento que ya perdió validez, porque para negociar un contrato con el Estado el patrono tiene que estar al día con las cuotas obrero patronales.

Echeverría Heigold aparece relacionado con seis sociedades anónimas con morosidad ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), según reportó el Semanario UNIVERSIDAD en febrero pasado.

La deuda de Bananera Chánguena con la CCSS es de ¢165.304.738, y la de Bananera del Térraba S.A. es de ¢315.173.585. Las empresas están señaladas como “patrono inactivo moroso en cobro judicial” y deben ¢480.478.323.

Segundo, de acuerdo con el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, cuando se hizo el contrato de arrendamiento en 1991, se hizo sobre una finca que tenía 600 hectáreas. En 1993, esa finca se segrega en 3 lotes. Esos contratos de arrendamiento nunca dicen en qué parte está localizada el área arrendada conocida como Finca Chánguena, que abarca 277 hectáreas.

Tercero, en todos estos casos, los campesinos que ocupan la tierra nunca han tenido la posibilidad de hacer estos alegatos en ningún lado.

Y cuarto, un arrendatario no tiene la facultad para solicitar un desalojo; sólo el poseedor. Y Echeverría Heigold no es el dueño de estas tierras.

Además, recientemente el diputado Araya argumentó con documentos que el 5 de febrero de 1993, Echeverría Heigold, representando a Finca Chánguena, constituyó cédulas hipotecarias sobre esas fincas por 300 millones de colones. Es decir, sacó un préstamo con el extinto Banco Anglo, hipotecando esas fincas que arrendaba. Hoy en día los tribunales de justicia están intentando cobrar esa deuda. El Banco Popular -entidad que se dejó el fideicomiso del dinero del Banco Anglo- está reclamando esa deuda. Según la Ley de Tierras y Colonizacion, cuando una propiedad es adjudicada con este tipo de préstamos de un banco público y es rematada, el INDER tiene prioridad para dejarse esta finca.

“Hoy nos enfrentamos al absurdo de que este señor que nunca pagó, ahora reclama la finca”, exclamó Araya. 

 

Represión policial en puente sobre río Térraba

El pasado 16 de febrero, la policía antimotines reprimió a varios campesinos que se encontraban en el puente sobre el río Térraba, en protesta contra un anuncio de desalojo, que se llevaría a cabo en cualquier momento. Miembros de las 100 familias campesinas afectadas cerraron un carril de la carretera Interamericana para pedir al gobierno que detuviera la medida.

Ese día la represión policial fue violenta. Siete campesinos fueron arrestados y varias personas resultaron heridas, como resultado de la acción de las fuerzas antimotines y otros cuerpos policiales sobre el puente. Entre los detenidos estuvieron Daniel Villalobos y Luis Chinchilla.

Este último, fue esposado sin camisa y con la frente ensangrentada, y echado en el cajón de una camioneta de la policía. Esposado, Chinchilla gritó al presidente Luis Guillermo Solís: “¿No nos puede dar un pedacito de tierra para sembrar, para cultivar, para darle de comer a ustedes y al pueblo? Así es como nos paga el voto. Este es el voto, mire, así me pagaron el voto”, dijo señalando la herida llena de sangre.

Pocos días después, los campesinos arrestados comparecieron ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. En la audiencia presentaron videos y fotografías que mostraron que en ningún momento se bloqueó el paso por el puente ni se interrumpió el tránsito por la carretera.

Daniel Villalobos, dirigente de la Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores Agrícolas de Osa (COOTRAOSA), señaló que uso de la fuerza policial fue injustificado y excesivo.

“Se ha demostrado el interés del gobierno es beneficiar a Echeverría; no a nosotros. Queremos que el gobierno desista del todo de hacer el desalojo”, declaró Villalobos.

Ese día el diputado Araya preguntó “¿Quién en el Departamento de Desalojo tiene tanto interés en que se saque a los campesinos en Chánguena? Que el director de desalojos nos diga: ¿cuál es el interés que se tiene por desalojar esa propiedad?”.

Villalobos, por su parte, criticó: “Es mentira que el gobierno tiene que hacer el desalojo. Es la historia de la yuca y el garrote. Nos dicen 'venga, le vamos a dar casita'. Esa es la yuca. Luego nos dicen 'pero si no viene le damos garrote'”.

El dirigente se refiere a las viviendas transitorias que construyó el Gobierno con la Fundación TECHO Costa Rica en el centro de Palmar Sur. De los 80 campesinos de Finca Chánguena, 19 aceptaron esta oferta de vivienda.

Pero Luis Chinchilla es uno de los campesinos que no aceptó la oferta.

“Primero que yo no quiero casa. Tengo casa. Me estoy forjando para hacer agricultor, yo ahí ¿qué voy a sembrar?. ¿Voy a dejar yo casi más de 50 arboles frutales para ir a meterme a un cajoncito de cartón de esos?. Porque supuestamente eso es temporal. Yo no voy a ir a meterme seis meses para perder lo que tengo como agricultor. Nosotros no nos vemos ahí. No podemos estar ahí nunca jamás. Sería como que nos metan a la cárcel”.

Este reportaje es una producción de la Asociación Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, con el apoyo de la Rosa Luxemburg Stiftung (RLS).