Día por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe

La niña de 8 años víctima de violencia sexual, la madre de 5 hijos e hijas que vive cotidianamente violencia física, emocional y sexual de su esposo, la estudiante universitaria quien apenas empieza su carrera en medicina a quien le dieron en la Caja Costarricense del Seguro Social pastilla anticonceptivas vencidas, la profesional que esperaba con ilusión su tercer embarazo a la cual le hicieron trizas sus esperanzas al diagnosticar al feto con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, la recién casada a quien después de darle la noticia de su embarazo le detectaron un cáncer agresivo: todas las niñas y mujeres en Costa Rica y en el mundo entero pueden tener que enfrentar la decisión de abortar para proteger su vida y su salud.

Para defender nuestros derechos humanos, tenemos que saber cuáles son los mecanismos para hacerlo. Por eso, desde la Asociación Ciudadana ACCEDER, hemos elaborado un material de ayuda acerca de cuál es la ruta de denuncia que pueden seguir las mujeres y sus familias en el caso de que les nieguen la interrupción terapéutica del embarazo al que tienen derecho para evitar un peligro para su vida o su salud.

Costa Rica desde el 2009 ha fallado en aprobar un protocolo médico para garantizar el acceso al aborto impune a pesar de que la normativa nacional lo permite desde hace décadas. Esto ha tenido funestas consecuencias y es por esto que Ana y Aurora, dos mujeres a quienes les negaron el aborto impune al que tenían derecho, en el 2007 y el 2012, apelaron a la justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañadas actualmente por la ACCEDER. Su lucha radica en asegurarse de que ninguna otra mujer vuelva a tener que pasar la tortura a la que ellas fueron sometidas y por la cual aún sufren consecuencias en su salud física y mental.

Según Larissa Arroyo Navarrete, abogada especialista en Derechos Humanos y Género: “Costa Rica, como estado de derecho social y democrático, está en deuda jurídica con las mujeres al no aprobar un protocolo que brinde las pautas técnico-médicas al personal de salud para realizar abortos terapéuticos, en la amplitud que permite el artículo 121 sobre Aborto Impune y que dice que “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.”

Por esta razón, es que desde la ACCEDER llamamos a la sociedad en general para reflexionar acerca de las deudas del Estado costarricense desde el marco jurídico nacional e internacional de garantía de los derechos humanos de las mujeres, al fallar garantizar el acceso a las mujeres al aborto. Este 28 de septiembre, es ocasión para recordar a todas las mujeres que han muerto por causa de aborto clandestino e inseguro pero también a todas aquellas a quienes se les ha denegado un aborto, incluso cuando es garantizado por ley, a pesar de que su salud y sus vida corrían peligro.

La penalización del aborto resulta en un trato discriminatorio hacia las mujeres en relación a su derecho a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos y mientras no se comprenda que solo la mujer puede tomar decisiones sobre toda acción que vaya afectar su salud y su vida, las mujeres no serán reconocidas como verdaderas ciudadanas sujetas de derechos.

 

Para más información contactar a Larissa Arroyo Navarrete: email: [email protected] y cel: 88221364